Por unanimidad, días pasados el Concejo Deliberante, aprobó un proyecto de resolución para la adhesión a Ley Lucio, que fuera presentado por el Consejo de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes de Pergamino.
De esta manera se insta al Ejecutivo local a evaluar las campañas de concientización que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia en las infancias. Al tiempo que se pide el envío de copias al Departamento Judicial de Pergamino.
Entre los considerandos se explica que la Ley Nacional Nº 27.709, Ley Lucio, tiene como objetivo detener la violencia en las infancias. Con este fin, la normativa «establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial».
Por otra parte se aclara que «el Estado deberá realizar campañas de concientización que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia y establece la obligatoriedad de la implementación de la línea 102 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita con reserva de identidades para proteger a aquellas personas, que con conocimiento de alguna situación de maltrato infantil, realicen denuncias».
La Ley Lucio establece o tiene como objetivo la prevención y/o detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la capacitación, obligatoria, de todos los funcionarios públicos. En este sentido «la normativa solicita la actuación coordinada de los organismos intervinientes en cada situación problemática que atraviesen los niños, niñas y adolescentes, además insta a publicar los indicadores de violencia y medios de denuncias eficaces para la protección, por ejemplo la línea 102», dijo Bató y aseguró que la normativa tiene como objetivo el desarrollo de campañas de concientización, protocolo de actuación conjunta del Poder Ejecutivo nacional con al Poder Judicial de la Nación en el marco del desarrollo de un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud y además organismo administrativos de niñez y autoridades judiciales con competencia en familia. «Este protocolo incluiría el establecimiento de una nómina de indicadores de riesgo para distintos tipos de maltrato infantil, unificar los criterios de actuación, realizar pautas de actuación en coordinación con entes provinciales y estatales que garanticen la trazabilidad de las denuncias y establecer mecanismos para garantizar la igualdad de acceso de los niños al servicio de justicia», aclaró.
Días pasados se concretó la reunión mensual del Consejo del Menor. Dentro de los temas tratados se decidió presentar una nota también ante el Concejo Deliberante para poner en agenda lo que refiere a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, la Nº 27.130, y que se tenga en cuenta el decreto reglamentario de dicha ley que es el Nº 603/21 cuyo principal objetivo es el abordaje de la problemática desde una mirada biopsicosocial considerando las capacitaciones permanentes de los profesionales involucrados en la temática para una temprana detección y atención de las personas con riesgo de suicidio. «Además se prevé la asistencia a las familias trabajando en la prevención y posvención del suicidio (duelo de los afectados por un suicidio cercano). Estamos tratando de armar una mesa con los efectores municipales de salud mental y con los referentes a la Región Sanitaria IV», informó Bató.
