El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal al verificar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”.
La denuncia judicial fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py, y tras el sorteo, el caso recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, juez candidateado por el Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia.
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El Gobierno señaló que los hechos denunciados podrían constituir los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude al Estado y abuso de autoridad.
El mecanismo para recibir dinero del Estado implicaba que los comedores debían inscribirse, luego había que validar esa inscripción y por último, se los matriculaba por dos años. Para seguir recibiendo alimentos, debían revalidar esa matrícula, o no podían seguir siendo beneficiarios.
El Gobierno auditó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) tras comprobar que la gestión anterior “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”, según informó oficialmente la cartera de acción social.
La auditoría pudo relevar, de la totalidad de los comedores, solo la mitad (52,3%). El restante 47,7% no pudieron controlarse debido a que 32% no funciona más como tal; en 25% de los casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores o merenderos) y en casi 16%, de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor o merendero, según señala la información oficial del Ministerio.