La Iglesia católica ha optado por prescindir de los fondos estatales, iniciando este proceso hace 5 años durante los debates sobre la legalización del aborto. Desde el primer día de este año, la medida ha entrado en vigor, afectando la asignación mensual de arzobispos y obispos según la ley 21.950, que establecía un equivalente al sueldo de un juez de primera instancia.
Esta ley, promulgada durante la dictadura militar el 7 de marzo de 1979, otorgaba a la Jerarquía Eclesiástica una asignación mensual congelada en $55.000. Según un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, la asignación y los fondos estatales ya no serán recibidos, según lo establecido en una resolución del 26 de abril de 2023, que permite a arzobispos y obispos retirados por edad o invalidez solicitar el beneficio, con una asignación actual de $98.000, como informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.