El Ministerio de Seguridad, en colaboración con el Ministerio de Economía, está elaborando los pliegos de licitación para la creación de dos grandes cárceles de gestión privada como parte de la respuesta a la «emergencia penitenciaria».
Una de estas cárceles tendrá capacidad para 1800 personas y estará ubicada en el interior del país, mientras que la otra contará con 3200 camas y se situará en el predio de Ezeiza.
Esta iniciativa ya está presente en países como Estados Unidos, Chile, Brasil y Uruguay. En el modelo argentino, la supervisión directa de los presos y del perímetro seguirá estando a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), no de los contratistas.
El sector privado se responsabilizará de la construcción de las instalaciones, su mantenimiento durante la duración del contrato, el alojamiento de los reclusos, los servicios médicos, alimenticios, de higiene y limpieza, así como la gestión de residuos y la administración general de las cárceles.
Además, la supervisión del proceso de resocialización estará en manos privadas, con la condición de que el Estado realice un pago por cada preso alojado en estas prisiones, el cual dependerá de la tasa de reincidencia de los internos una vez liberados.