El gobierno encabezado por Javier Milei está dando pasos significativos hacia una «revisión tarifaria» en los servicios eléctricos y de gas natural. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se declara la emergencia en los segmentos de generación, transporte y distribución eléctrica por un año.

La medida, con vigencia hasta el 31 de diciembre, otorga a la Secretaría de Energía la facultad de sancionar precios en condiciones de competencia, mantener niveles de ingresos y cubrir necesidades de inversión. El objetivo es asegurar la continuidad de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas.

Además, se implementará la «revisión tarifaria», cuyos cambios entrarán en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la intención de reducir subsidios tanto en energía como en transporte, representando un gasto equivalente al 0.5% del PBI.

Caputo destacó un cambio en el enfoque hacia la subsidización de la demanda, proponiendo límites mensuales de consumo para acceder a subsidios. En la Provincia de Buenos Aires, la situación es diversa, ya que las acciones del gobierno nacional impactarán en el Conurbano, mientras que el resto del territorio está regulado por el gobierno provincial, cuya política difiere de la desregulación propuesta por Milei.

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