El ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió al Banco Central que deje sin efecto la resolución que afecta las transferencias entre billeteras virtuales y al mismo tiempo acordó con Mercado Pago para que bajen las comisiones que les cobran a sus clientes.

Massa instruyó a los directores del Banco Central para que se deje sin efecto la medida, y así el candidato a presidente de Unión por la Patria busca desactivar un conflicto que había generado fuerte impacto tanto por la pelea con Marcos Galperin, el titular de Mercado Libre dueña de la principal compañía del sector, Mercado Pago, como por el universo de personas afectadas por la resolución del BCRA.

La decisión, sin embargo, llega con una serie de condiciones en favor de los comercios pyme. Entre ellas, está la bonificación para cobros con QR de Mercado Pago. En ese sentido, se bonifica el arancel para cobrar con QR usando dinero en cuenta de Mercado Pago para los nuevos comercios que se incorporen al sistema, para ventas de hasta $330.000 (1000 UVAs) o los primeros tres meses, lo que ocurra primero.

En tanto, habrá una reducción de comisiones para cobros con QR con tarjeta de crédito. “Se reducen las comisiones que pagan los comercios PyME para cobros a través de QR con tarjeta de crédito, pasando de 6,99% + IVA a 5,77% + IVA con acreditación inmediata”, informó Massa.

“Queremos que los monederos digitales y la moneda digital sean parte fundamental de la economía que viene”, agregó el ministro.

De esta manera, se frenará la medida que imponía que desde el 1° de diciembre, por regulación del Central, iba a dejarse de utilizar el débito inmediato (Debin), lo que provocó la reacción de la billetera digital Mercado Pago, ya que emplea este sistema hace tres años para que los usuarios ingresen dinero a su cuenta.

“Por una norma del BCRA que fue impulsada por los bancos tradicionales, más de 4 millones de personas van a tener dificultades para ingresar dinero a su cuenta digital de Mercado Pago”, habían indicado desde la compañía que dirige Marcos Galperin, e indicaron que la decisión se trataba de un “nuevo ataque directo a la inclusión financiera”.

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