La aprobación reciente del título IX de la Ley Bases por parte de la Cámara de Diputados trae consigo reformas importantes en el sistema de jubilación, especialmente para aquellos que no han acumulado los años de aportes necesarios. Si bien estas modificaciones aún deben pasar por la aprobación del Senado, es crucial comprender qué implican para quienes se ven afectados por ellas.
Una de las principales alteraciones es la derogación de la moratoria previsional, una medida que permitía a las personas que no alcanzaban los 30 años de aportes jubilatorios acceder a la jubilación pagando los años faltantes. Esta derogación significa que, en lugar de contar con la opción de la moratoria, aquellos que no cumplan con los requisitos de aportes deberán esperar hasta los 65 años para acceder a un beneficio equivalente al 80% de un haber mínimo, sin distinción de género.
Para mitigar esta situación, el Gobierno propone la creación de la “Prestación de Retiro Proporcional (PRP)”, que consiste en un pago mensual equivalente al 80% de la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM). Sin embargo, acceder a esta prestación requerirá demostrar una situación de vulnerabilidad social, lo que añade un criterio adicional para aquellos que buscan asegurar su sustento en la jubilación.