El Senado aprobó por mayoría el proyecto; entre otros puntos de la norma, las personas de más de 50 años, con 20 de aporte y 10 de haber sido diagnosticadas podrán acceder a una jubilación anticipada

El Senado aprobó por mayoría la Ley Nacional de respuesta integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). Hubo un voto negativo.

Esta norma, impulsada en conjunto con organizaciones de la sociedad civil desde 2013, reemplazará a la vigente Ley 23.798, promulgada en 1990, y deroga el decreto 906/95, que establece, entre otros puntos, la realización de pruebas diagnósticas para la detección de la enfermedad en el ingreso y permanencia en las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El proyecto que se convirtió en ley reemplaza el “enfoque biomédico” de la norma vigente por uno “con perspectiva de género y derechos humanos” y con una respuesta integral a las personas que viven con la enfermedad. Además, incorpora en la misma normativa, junto con el VIH, otras ITS, las hepatitis virales y la tuberculosis.

La nueva iniciativa contempla la prohibición de realizar la prueba de detección de ITS como parte de los exámenes preocupacionales (derogación del decreto 906/95), la erradicación de las prácticas discriminatorias, el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos para su tratamiento y la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas

Además, apunta a la posibilidad de la jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 años de aportes y al menos 10 como persona positiva; junto a una pensión no contributiva del 70% del haber mínimo para los mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

La diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos), autora de la norma, declaró: “La 23.798 fue una muy buena ley, pero se requiere un abordaje integral e intersectorial que no se limite únicamente a los tratamientos de salud. La nueva norma comprende todo el entorno social de las personas con VIH, como las barreras de acceso al trabajo, o una edad jubilatoria para ellas, entendiendo que su salud se encuentra afectada y tienen una esperanza de vida más corta”.

Y agregó: “La sanción de esta ley es un paso realmente importante, porque significa garantizar la salud y la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad que, a pesar de que se descubrió hace muchos años y existen medicamentos para controlarla, también es cierto que no deja de estar libre de prejuicios y estigmas y esto impacta en la vida de las personas”.

“Valor histórico”

El texto de ley fue elaborado por más de 60 organizaciones. “Tiene un gran valor histórico por ser la primera vez que llega al Senado y por estar pensada por y para las personas con VIH”, indicó Manuel Ferreiro, coordinador de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap), una de las entidades que participó en la redacción del proyecto.

“La norma de 1990 se reducía al diagnóstico. Con la actualización, ahora se nos reconoce como personas con VIH, con hepatitis o tuberculosis, y como sujetos de derechos que estamos insertos en la sociedad. Porque vivir con una patología no es solo acceder a un tratamiento, sino a su abordaje integral, entendiendo que las formas de exclusión no solo reducen nuestra calidad de vida, también nos expulsan del mercado laboral y nos empujan a la pobreza. Queremos una vida digna”, añadió.

En ese sentido, uno de los artículos más celebrados es el que “prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras ITS en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral. La ofertas de empleo no podrán contener restricciones por estos motivos”.

Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, que también participó en la redacción del texto, destacó: “Esta nueva ley da respuesta con perspectiva de derechos humanos y es una señal desde el sistema político y el Poder Ejecutivo sobre la importancia de revitalizar las políticas vinculadas a la respuesta al VIH. También se trata de garantizar condiciones ecuánimes para el acceso al empleo y de reforzar algunas medidas que ya están vigentes, como el acceso universal a la prevención y el tratamiento, pero tomando en cuenta las limitaciones que se dan en algunos sistemas o provincias”.

Y agregó: “La epidemia de VIH de 1990 era distinta y las políticas públicas también tienen que serlo, más fortalecidas”.

La iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados el 5 de mayo pasado, con 241 votos positivos y 8 negativos. Si bien el proyecto fue impulsado en 2013, había perdido estado parlamentario en tres oportunidades: en 2017, 2019 y 2021.

En la Argentina, alrededor de 140.000 personas viven con VIH, pero el 17% lo desconoce porque no fue diagnosticado, según el último Boletín sobre VIH e ITS del Ministerio de la Salud de la Nación. En el informe se indicó que el 30% llega al diagnóstico en una etapa avanzada de la infección.

En la sesión del Senado, que comenzó a las 14, también se debatió el proyecto de ley que crea el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescentes con cáncer, el proyecto de moratoria previsional y la ley de Tarjetas de Crédito, entre otras cuestiones. Mientras, desde el mediodía se concentraron frente al Congreso de la Nación más de 40 organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Salud de las Personas Viviendo con VIH para apoyar la ley.

Fuente La Nación

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