Piden que el texto habilite a los familiares a “realizar las internaciones correspondientes en tiempo y forma en institutos especializados y no en hospitales generales” y que “se instruya al personal policial para poder intervenir en un caso concreto con la preparación y la empatía necesaria”.

Madres de todo el país se manifestarán este viernes al mediodía en la Plaza del Congreso para reclamar por una modificación a la ley de salud mental que habilite a los familiares a “realizar las internaciones correspondientes en tiempo y forma en institutos especializados y no en hospitales generales” y que “se instruya al personal policial para poder intervenir en un caso concreto con la preparación y la empatía necesaria”.

“Ya no podemos seguir esperando porque en la espera se mueren nuestros hijos, o están presos chicos que tendrían que estar en tratamiento, porque son enfermos, no delincuentes”, manifestó una de las organizadoras, Lala Maurig, cuyo hijo se suicidó a los 31 años después luchar mucho tiempo contra una adicción. La otra convocante a esta actividad denominada “#lamadremarcha” es Marina Charpentier, madre del cantante Chano, quien se sumó a esta causa a partir de la experiencia con su hijo que en 2021 perdió un riñón y el bazo por una bala policial durante una crisis. “Esta #lamadremarcha, es para marchar abrazadas y para demostrarles a los gobernantes y a la sociedad que nos sentimos solas y necesitamos ayuda”, dijo.

Juntas entregarán un petitorio a la diputada Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Salud.

Los cuestionamientos a la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, se reavivaron durante las últimas semanas, tras la internación psiquiátrica de Felipe Pettinatto, de 29 años, luego de sobrevivir al incendio del departamento donde se encontraba presuntamente transitando una crisis en presencia de un amigo, quien murió en el siniestro.

La ley también cuenta con una amplia gama de apoyos. Más de 200 organizaciones la respaldaron en un comunicado en el que para advirtieron que “una eventual reforma (de esta ley) podría significar un grave retroceso en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial, a la vez que comprometería la responsabilidad internacional del Estado Argentino por violación de los compromisos asumidos”.

Fuente Pagina12

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