La medida fue dispuesta por el Gobierno de la Ciudad bajo el argumento de que los resultados de los exámenes de compresión lectora revelaron que en ese aspecto hubo un «retroceso de al menos cuatro años».


Las referentes de izquierda Cele Fierro y Vanesa Gagliardi, del MST en el FIT Unidad, mamá de una alumna y docente respectivamente, presentaron hoy en la justicia un recurso de amparo contra la R

resolución 2566/2022 de la ministra Soledad Acuña que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en el sistema educativo de la Ciudad.

Cele Fierro, mamá de una niña que cursa primer grado de una escuela pública porteña, señaló: “Acuña atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 a hoy, redujo el presupuesto educativo del 23 al 19%. Ahora también pretende reducir autoritariamente la libertad de expresión y los derechos de género reconocidos en leyes y constituciones. Frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba”.

A su vez Vanesa Gagliardi, profesora de secundaria, diputada porteña electa y de la directiva del sindicato ADEMYS, agregó: “Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del retroceso en la comprensión de textos. Si no se revierten esos problemas estructurales, prohibir en forma arbitraria el uso de la ‘e’ o la ‘equis’ sólo implica discriminar y cercenar derechos. Esta resolución no cayó bien en las escuelas, por eso nos estamos organizando junto a estudiantes y familias para rechazarla”.

El amparo de Fierro y Gagliardi es patrocinado por la doctora Mariana Chiacchio, del CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos).

La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo porteño Nº 22, a cargo de la jueza María Rosa Cilurso, bajo el número 135472/22.

Fuente Minuto Uno

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